DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA EL PÁRAMO DE QUIMSACOCHA

 

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La Constitución y la ley están para ser cumplidas; es una premisa para que la democracia tenga sentido. El centralismo y los poderes fácticos ejecutan acciones grotescas que desconocen realidades locales. Clara expresión de aquello es la afrenta hecha por el gobierno nacional a Cuenca, a través del otorgamiento de la licencia ambiental al proyecto minero Loma Larga, ubicado en Qimsacocha, que otorga viabilidad para avanzar en las negociaciones del acuerdo de explotación e iniciar con la fase de construcción de la mina. Esta acción desconoce que el 7 de febrero de 2021 la población del cantón acudió a consulta popular, manifestándose en un porcentaje cercano al 80 % por la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en zonas de recarga hídrica de los ríos que alimentan de agua a la ciudad. Esta determinación es de estricto cumplimiento.

El Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte de Justicia del Azuay expidió sentencia dentro de la acción constitucional de protección, en contra del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, y ordena una serie de medidas de reparación antes del otorgamiento de la licencia ambiental.

En el año 2023, por la escasez de agua, el país experimentó, crisis eléctrica con apagones de hasta 8 horas diarias, y en 2024 una nueva crisis sin precedentes, que alcanzó en su período más crítico las 14 horas diarias sin energía eléctrica. A 115 kilómetros de la ciudad de Cuenca se localiza el complejo hidroeléctrico Paute Integral, el más importante del Ecuador, bien estratégico, constituido por la represa Mazar y las centrales Mazar, Molino, Sopladora y Cardenillo. En las cabeceras de la cuenca hidrográfica del Paute se encuentra la zona de recarga hídrica que nutren los ríos que abastecen las captaciones de agua con que se alimentan más de 600.000 habitantes en Cuenca y más de 1.000.000 de habitantes en toda la cuenca.

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La Empresa ETAPA informó de una grave sequía hidrológica en 2023, de 118 días, y en 2024, de 160 días, siendo el evento climático más grave de los últimos 50 años, lo que llevó a severas restricciones de suministro de agua en casi todos los sistemas periurbanos y rurales.

Por todo lo anterior, la iniciativa ya no está en el gobierno nacional; este ha tomado una resolución contraria a la ciudad. He escuchado varias propuestas de diverso orden desde la emitida por un excandidato presidencial que procura recuperar popularidad hasta la del Dr. Tarquino Orellana de declarar de utilidad pública el páramo. Con estos antecedentes, las preguntas claves son: ¿La Prefectura posee el poder que el COOTAD le otorga, competencias relacionadas con el manejo ambiental? ¿Qué va a hacer el Prefecto del Azuay? ¿El Municipio posee la fuerza de ley en el COOTAD y en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo? ¿Qué va a hacer el alcalde de Cuenca? ¿Qué van a hacer los concejales que masivamente acudieron a la peregrinación al páramo? ¿Qué va a hacer el Concejo Cantonal?

El tema es bien concreto. Tomen determinaciones, asuman liderazgo, intervengan y dado el grave riesgo, declaren de utilidad pública con ocupación inmediata los páramos de Qimsacocha.

*https://ecuador.inaturalist.org/places/area-nacional-de-recreacion-quimsacocha

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